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El Consejo de Gobierno aprueba la resolución del contrato del Vial Distribuidor Oeste de Málaga

«La Consejería de Fomento rescinde la obra, sin iniciar diez años después de formalizarse el contrato, y está tramitando la actualización del proyecto.»
Imagen de la carretera A-366 con la que iba a conectar el vial distribuidor.
Imagen de la carretera A-366 con la que iba a conectar el vial distribuidor.

03/12/2019

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la resolución del contrato de la segunda fase del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste de Málaga, cuyas obras no se han iniciado más de una década después de formalizarse el contrato por 36,8 millones de euros. Tras su extinción, la Consejería ha iniciado los trámites para actualizar el proyecto y para garantizar que no colisione con otras obras que se han puesto en marcha en estos diez años de espera, como la Hiperronda, que ya está en servicio, o el Acceso Norte al Aeropuerto de Málaga, actuación que el Ministerio de Fomento adjudicó a principios de 2018.  
 
La segunda fase de las obras del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste de Málaga, de una longitud de 6,1 kilómetros, fueron adjudicadas a la UTE Conacon-Sando por 36.851.969 euros en septiembre de 2009. Desde entonces, nunca ha contado con partida para su ejecución en los presupuestos de la Junta de Andalucía.  
 
El retraso acumulado por esta obra ha sido tal que en este tiempo se ejecutó y se puso en servicio la segunda ronda de Málaga, actual autovía A-7 (Hiperronda). Esta actuación causa una afección importante al proyecto del Vial Distribuidor Oeste, ya que hace inviable el tramo entre la A-366 y la A-404. La única solución sería construir un cajón hincado por debajo de la autovía A-7 que dispone de ocho carriles (cuatro por sentido), lo cual es muy costosa y funcionalmente inadecuada.  
 
Además, aunque las obras todavía no se han iniciado, el Ministerio de Fomento adjudicó a principios de 2018 las obras del Acceso Norte al Aeropuerto de Málaga desde la Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga, que afecta al trazado original del Vial Distribuidor. Cuando el nuevo equipo se incorporó a la Consejería de Fomento se retomaron las conversaciones con el Ministerio de Fomento para ejecutar las dos obras con el espíritu de optimizar recursos. En estos meses, se han trasladado varias opciones para hacer posibles ambas obras, partiendo de que la necesidad de modificar el proyecto era del Ministerio de Fomento. A estos inconvenientes se suma, por último, que el Vial Metropolitano Distribuidor Oeste se ejecuta con fondos europeos y, por tanto, debería contar con la seguridad de finalizar las obras dentro del programa operativo FEDER 2014-2020.  
 
Ante estas circunstancias, se ha optado por la resolución del contrato. Como este no tuvo ni orden de inicio ni se firmó acta de replanteo como consecuencia de la falta de disponibilidad presupuestaria, podría estimarse una indemnización por el dos por ciento del precio de adjudicación, es decir, 635.378 euros, además de la devolución al contratista de las garantías contractuales por 1.474.078 euros.  
 
Esta resolución no significa renunciar al proyecto del Vial Distribuidor, sino que se pretende adaptarlo a las condiciones actuales de su entorno. La actualización de este proyecto, de hecho, está recogida dentro de la memoria del presupuesto de la Administración autonómica para 2020, con la idea de retomar esta carretera con las mejores garantías para que sea una realidad.  
 
Resolución de una obra en la A-346 en Granada  
El Consejo de Gobierno también ha autorizado la resolución del contrato de refuerzo del firme, ensanche y mejora de la carretera A-346 de la provincia de Granada. Las obras de esta carretera, que conecta Órgiva con Vélez de Benaudalla, se adjudicó también hace diez años, el 4 de mayo de 2009, por 12,4 millones de euros y un plazo de 24 meses. En 2010 se ordena el inicio de obra, que se suspendieron un año después cuando se encontraba al 3,67 por ciento de ejecución debido a los cambios de la anualidad producidos por la crisis económica.  
 
Ocho años después, en enero de 2019, la Agencia de Obra Pública recibe un escrito de la empresa adjudicataria en el que solicita la resolución del contrato. De esta manera, se inicia el expediente de extinción del contrato, con una propuesta de abono al contratista de una indemnización de 555.899 euros: 522.092 euros por indemnización por la obra pendiente de ejecutar, 32.990 euros como gastos de mantenimiento de avales y 816 euros por mantenimiento de seguros.

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