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CARRETERAS DE ANDALUCÍA: Las vías andaluzas mejoran la seguridad de los motoristas con la colocación de sistemas protectores

«La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía ha invertido 8 millones en instalar 6.000 nuevos protectores de postes y 92 carteles, eliminar las colas de pez y adecuar 25 intersecciones.»
En la foto, nuevos protectores de postes en la A-382 de Jerez a Arcos (Cádiz).
En la foto, nuevos protectores de postes en la A-382 de Jerez a Arcos (Cádiz).

14/02/2011

La red autonómica de carreteras de Andalucía ha mejorado en los últimos cuatro años la protección de los motoristas contra colisiones, derrapes o vuelcos con la puesta en marcha de un amplio abanico de actuaciones que incluye, entre otras, la instalación de 6.000 nuevos protectores de postes de barrera de seguridad, 62.260 metros lineales de protectores metálicos sobre barreras y de 92 carteles anunciadores de la peligrosidad de alcance en determinados tramos. A estas acciones se suma la eliminación de las peligro-sas ‘colas de pez’ (terminales de dispositivos de contención con esa forma) existentes en las carreteras de la red autonómica.  
 
A todas estas medidas la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha destinado algo más de ocho millones de euros, con el fin de incrementar la seguridad vial de los conductores de vehículos de dos ruedas y reducir su accidentalidad en las vías de mayor intensidad media diaria (IMD) y de mayor tráfico de motocicletas.  
 
Además de a las acciones encaminadas a minimizar las consecuencias de un accidente en un colectivo tan vulnerable como el de los motoristas, la Junta de Andalucía también ha dirigido ese esfuerzo inversor a políticas preventivas. De esa forma, desde 2007 se ha mejorado las condiciones de 25 intersecciones de la red viaria en las que se concentran un mayor índice de accidentalidad, con la implantación de 26.000 metros cuadrados de pavimento especial de alta adherencia.  
 
Ese material permite reducir notablemente la distancia de frenado y disminuir el riesgo de derrape, lo que contribuye a que el riesgo de colisión descienda. Las carreteras en las que se ha aplicado este tratamiento ascienden casi a una veintena, entre las que destacan la A-349, la A-347, la A-343, la A-8006, la A-492, la A-373 o la A-5025.  
 
Para ejecutar todas estas actuaciones, Obras Públicas y Vivienda ha seguido las recomendaciones técnicas dadas por el Ministerio de Fomento para el conjunto del territorio nacional y ha tenido en cuenta las prioridades demandadas por las asociaciones de motoristas. La publicación en 2008 de la Orden Circular 18bis/08, que amplia notablemente los criterios de implantación de los sistemas de protección de motoristas, hizo preciso replantear la política de actuación desarrollada desde la Junta de Andalucía hasta entonces. Por ello, se inició un estudio para determinar qué tramos de carreteras necesi-tarían este tipo de dispositivos de contención.  
 
Adicionalmente, en aquellas vías donde se detectan altas intensidades de tráfico de motocicletas, ya sea por la presencia de algún polo de atracción (circuito de velocidad) o por disponer de características geométricas atrayentes para su uso recreativo la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha establecido criterios más ambiciosos, incluso, que los empleados por el Ministerio de Fomento.  
 
Además de estas actuaciones ya ejecutadas, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda adjudicó a finales de 2010 por importe de 1,5 millones de euros un total de cuatro contratos para continuar con esta labor de colocación de nuevas barreras de protección de motoristas. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 24 meses y tienen como objetivo la colocación de 51.256 metros lineales de sistemas de protección metálica y la sustitución de las ‘colas de pez’ de las actuales barreras de seguridad por abatimientos.  
 
Al margen de esto, la Consejería está llevando a cabo varios estudios orientados, por un lado, a identificar aquellas carreteras e itinerarios en los que la accidentalidad asociada a las motocicletas es significativa para poder definir, en una segunda fase, las actuaciones más adecuadas a realizar. Por otro, a inspeccionar la seguridad con el objetivo de detectar, con independencia de la accidentalidad registrada, aquellos puntos de la red donde existe algún elemento potencialmente peligroso para el usuario. Con este estudio se podrá determinar cuáles son las necesidades de intervención en la red de carreteras en servicio.

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